Vendedores de cannabis en California recurren a puntajes crediticios públicos ante crisis de pagos de $4.2 mil millones

La industria del cannabis en California enfrenta una creciente crisis de pagos, ya que los operadores estadounidenses tenían más de $3.8 mil millones en cuentas por cobrar morosas al final de 2023, con proyecciones que indican que la cifra podría superar los $4.2 mil millones en 2024. Esta suma asombrosa, reportada por Whitney Economics, representa aproximadamente 1.6 meses de ingresos totales por ventas minoristas legales de cannabis en EE. UU. sin pagar a lo largo de la cadena de suministro. A medida que los retrasos en los pagos se extienden por la industria, los cultivadores y fabricantes son especialmente afectados, mientras que los minoristas, que cobran en efectivo a los consumidores, a menudo retrasan los pagos a sus proveedores upstream

Los legisladores estatales han intentado abordar estos pagos crónicos tardíos mediante legislación, pero los esfuerzos han fracasado repetidamente. El Proyecto de Ley de la Asamblea 766, presentado en 2023, buscaba obligar al pago de facturas superiores a $5,000 dentro de 15 días, con penalizaciones por incumplimiento. Sin embargo, ese proyecto quedó estancado en comité, y un intento posterior con el AB 2888 en 2024 también falló en avanzar. Este vacío legislativo ha dejado a California, el mercado de cannabis más grande del país, sin reglas exigibles para pagos oportunos a los vendedores

Con las soluciones regulatorias detenidas, el sector privado ha intervenido para llenar el vacío. Cannabis Credit Scores (CCS), una plataforma pública de puntajes crediticios, ahora rastrea y publica los historiales de pagos de los operadores en California. Los vendedores pueden enviar comentarios sobre sus compradores, y los operadores con historiales de pago consistentemente pobres —aquellos con puntajes por debajo de 20— terminan en lo que CCS llama directamente su "Lista Negra". La lista actualmente incluye a más de 100 operadores de California, según datos de CCS, y se actualiza continuamente a medida que llegan nuevos reportes

El impacto de los pagos morosos es significativo y de amplio alcance. El informe de Whitney Economics de 2023 reveló que el 57.3% de las empresas encuestadas sentían que las cuentas por cobrar morosas tenían un mayor impacto en sus operaciones que la infame disposición 280E del código fiscal federal. Además, el 44% dijo que las facturas impagas afectaban su capacidad para atender deudas, y el 34% señaló dificultades para cumplir con obligaciones fiscales estatales o federales. "Las presiones creadas por los factores macroeconómicos actuales y las políticas regulatorias han incentivado a los operadores a dejar de pagar a sus proveedores. A menos que haya algún tipo de intervención regulatoria federal y estatal, los problemas asociados con la falta de pagos solo empeorarán", advirtió el informe

Para muchos operadores, la crisis crediticia también es personal. Como expresó un encuestado: "Me encantaría pagar mis cuentas, si otros simplemente me pagaran primero para poder hacerlo". El ciclo de pagos tardíos afecta desproporcionadamente a las empresas más pequeñas y de propiedad minoritaria, aumentando el riesgo de consolidación forzada del mercado y ruina financiera individual. CCS no publica montos específicos adeudados, pero actúa como un vigilante de la industria, permitiendo a los proveedores verificar la reputación de un comprador antes de otorgar términos de crédito y señalando a los vendedores cuándo puede ser necesario el pago en efectivo por adelantado

Desde la perspectiva de la redacción de OG Lab, la aparición de plataformas públicas de puntajes crediticios como CCS marca un punto de inflexión crítico para el sector del cannabis en California. Ante la ausencia de aplicación regulatoria, estas herramientas brindan transparencia y responsabilidad, ofreciendo algún recurso para los vendedores afectados por pagos tardíos. La industria observará de cerca para ver si tales soluciones del sector privado pueden frenar la marea de morosidad o si será necesaria una acción legislativa renovada para salvaguardar la salud de la cadena de suministro del cannabis